Mantenimiento técnico-legal

Lo obligado frente a lo que se decide

Todo el mantenimiento de un local cae en uno de dos cajones. En el primero está lo que nadie le pide al negocio: limpiar los filtros de la campana más a menudo, pintar el comedor, cambiar las cintas del gimnasio antes de que fallen. En el segundo, lo que exige un reglamento con fecha, con una empresa habilitada y con un certificado o un acta que hay que poder enseñar. Ese segundo cajón es el técnico-legal.

La base está en la Ley de Industria (Ley 21/1992): sus reglamentos de seguridad pueden «establecer la obligación de comprobar su funcionamiento y estado de conservación o mantenimiento mediante inspecciones periódicas» (art. 12.2), y las comunidades autónomas pueden añadir requisitos para las instalaciones de su territorio (art. 12.5). De ahí salen, entre otras, las revisiones de protección contra incendios, las de instalaciones térmicas, la inspección de baja tensión y la de ascensores. La sanidad añade las suyas, como la legionela o el APPCC de un local de comida.

Qué le toca a cada negocio depende de lo que tenga dentro y de su tamaño. El RIPCI, por ejemplo, pide una inspección por organismo de control al menos cada diez años (art. 22.1), pero exime a un comercio o un local de pública concurrencia de menos de 500 m² y a una oficina de menos de 2.000 m², salvo que tengan zonas de riesgo especial alto o de almacén (art. 22.2). La lista por sector está en normativa por tipo de negocio.