Un colegio responde de su edificio, de su comedor y de la protección de sus alumnos, y cada cosa tiene su norma

Leído en el BOE el 19 de octubre de 2026. Los protocolos, las funciones del coordinador y el registro sanitario del comedor los concreta la comunidad autónoma.

La respuesta corta

Lo que distingue a un colegio de otro edificio con público son tres cosas: las instalaciones que debe tener para estar autorizado, las obligaciones de protección de la infancia que trajo la LOPIVI en 2021 y el comedor, que desde abril de 2026 tiene un real decreto propio. Las revisiones técnicas (incendios, electricidad, calefacción, legionela, ascensor) son las de cualquier edificio, con umbrales que en un colegio se cruzan pronto: unas aulas con más de 50 personas ya hacen del centro un local de pública concurrencia.

Las instalaciones mínimas del Real Decreto 132/2010

Para los centros de infantil de segundo ciclo, primaria, ESO, bachillerato y FP, el artículo 3 del Real Decreto 132/2010 pide un edificio independiente destinado sólo a uso escolar (fuera del horario puede usarse para actividades educativas, culturales o deportivas), con acceso independiente para el segundo ciclo de infantil; las condiciones de seguridad estructural, de incendio, de utilización, de salubridad, de ruido y de ahorro de energía que marque la legislación; ventilación e iluminación natural y directa en los espacios donde se da clase; accesibilidad; y unos espacios mínimos: despachos de dirección, administración, sala de profesores, aseos suficientes y adaptados, espacios de apoyo y, en los sostenidos con fondos públicos, un sitio para las asociaciones de alumnos y de familias.

Primaria, ESO y bachillerato suman ese patio, una biblioteca de al menos 45 m² (primaria) o 75 m² (secundaria), un gimnasio y acceso a las tecnologías en todos los espacios docentes. En infantil, al menos tres unidades, 2 m² por puesto en cada aula, una sala polivalente de 30 m² y un patio propio de al menos 150 m² por cada seis unidades (art. 6); en primaria, 1,5 m² por puesto (art. 10). Las escuelas de 0 a 3 años no se rigen por este artículo, sino por lo que regule cada administración educativa (art. 5.2).

La protección del alumnado: lo que pide la LOPIVI al centro

La Ley Orgánica 8/2021 encarga a las administraciones educativas redactar los protocolos contra el abuso y el maltrato, el acoso escolar, el ciberacoso, el acoso sexual, la violencia de género o doméstica y cualquier otra forma de violencia. Al centro le toca aplicarlos y que la comunidad educativa los conozca.

Además, todo centro donde estudien menores, sea cual sea su titularidad, tiene un coordinador o coordinadora de bienestar y protección bajo la supervisión de la dirección (art. 35). Entre sus funciones mínimas: promover la formación del personal, del alumnado y de las familias, ser el referente para comunicar posibles casos, coordinar los que necesiten a servicios sociales y promover el aviso inmediato a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando haya riesgo. Si lo hace alguien de la plantilla o una persona nueva, y con qué requisitos, lo decide cada administración educativa. El artículo producía efectos a los seis meses de la entrada en vigor de la ley, que fue el 25 de junio de 2021.

El tercer encargo afecta a quien trabaja en el centro. La dirección y la titularidad supervisan que el personal docente, el auxiliar y el de las empresas de servicios que trabajen o colaboren habitualmente aporten los certificados obligatorios (art. 32), es decir, la certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos (art. 57). La limpieza diaria o el monitor del comedor entran; el contacto «meramente ocasional» no (art. 57.2).

El comedor escolar

El artículo 40 de la Ley 17/2011 ya pedía comidas variadas y equilibradas, supervisadas por profesionales con formación en nutrición; la programación mensual de los menús para las familias; menús especiales para el alumnado con alergias o intolerancias certificadas cuando la organización y la cocina lo permitan, o medios para conservar y calentar la comida que traiga la familia; y la prohibición de vender alimentos y bebidas altos en grasas saturadas, grasas trans, sal y azúcares.

El Real Decreto 315/2025, en vigor desde el 16 de abril de 2026 para centros públicos, concertados y privados, lo concreta:

• Frecuencias semanales (art. 9): fruta fresca de cuatro a cinco veces, pescado de una a tres, carne como mucho tres raciones y sólo una de carne roja, frituras como mucho una vez, precocinados una vez al mes, agua como única bebida y nada de frutos secos enteros para menores de seis años.
• Información a las familias (art. 11): el menú mensual con el nombre de cada plato, la técnica de cocinado, salsas y guarniciones y los alérgenos de cada plato, en el tablón, en la web o por otro medio accesible.
• Menús especiales (art. 10) por alergia o intolerancia con certificado médico y también por motivos éticos o religiosos, o los medios para conservar y calentar el que traiga la familia.
• Máquinas y cafetería (arts. 5 a 7): límites de calorías, grasas, azúcares y sal por porción, ninguna bebida envasada con más de 15 mg de cafeína por 100 ml, máquinas fuera del alcance del alumnado de infantil y primaria y sin publicidad.

El apartado 2 del artículo 4, el que extiende los criterios de compra a los centros públicos, concertados y privados, entra en vigor el 16 de abril de 2027 (disposición final segunda). En la cocina rige lo de cualquier establecimiento de alimentos: un procedimiento basado en el APPCC con una persona responsable (APPCC), la inscripción en el registro sanitario de la comunidad, que en un comedor que sirve allí mismo comunica el titular de las instalaciones, y las comidas testigo.

Las comidas testigo son obligatorias en los comedores escolares y en las escuelas infantiles: una ración de al menos 100 g de cada comida, identificada y fechada, guardada al menos siete días en frío (4 °C o menos) o congelada (Real Decreto 1086/2020, art. 30.8 y 30.10).

El edificio: autoprotección, incendios, electricidad y agua

La Directriz Básica de autoprotección, vigente desde el 11 de octubre de 2026, obliga a plan a los centros docentes a los que asistan 50 o más personas que no pueden evacuarse por sus propios medios o con discapacidad, y a aquellos cuya actividad pueda generar emergencias del catálogo de riesgos de protección civil (anexo I, 2.D). Los demás siguen obligados a protocolos de evacuación por prevención de riesgos laborales y normativa educativa. Cataluña añade en su catálogo, entre otros, las guarderías de más de 100 alumnos (Decret 30/2015). Más en plan de autoprotección.

En incendios, la inspección de diez años del RIPCI no obliga al uso docente por debajo de 2.000 m² construidos, salvo zonas de riesgo especial alto o de almacén; el mantenimiento de extintores y detección sí (RIPCI). En electricidad, los centros de enseñanza son pública concurrencia con más de 50 personas de ocupación prevista, y las guarderías siempre: inspección cada cinco años por organismo de control (baja tensión). Con el ascensor, los mismos umbrales dan inspección cada dos años (ascensores).

La calefacción de un colegio suele ser central; si sus generadores pasan de 70 kW, hay contrato de mantenimiento, certificado anual e inspección de eficiencia cada cuatro años, y el uso docente no está en la lista de límites de temperatura de la IT 3.8 (RITE). El agua de duchas y vestuarios, el riego por aspersión y las fuentes entran en el real decreto de legionela, y el colegio no es instalación «prioritaria» salvo que lo diga la autoridad sanitaria (legionela).

Desfibrilador, hojas y tabaco: lo que cambia por comunidad

En la Comunidad de Madrid, el Decreto 78/2017 obliga a tener desfibrilador a todos los centros educativos, sin umbral (art. 3.h). En Cataluña la obligación llega a los centros docentes de más de 1.000 ocupantes y a los de educación especial de más de 200 plazas; en el País Vasco, a los de aforo de 2.000 o más; en Andalucía los colegios no figuran (desfibrilador). En Cataluña, el Decret 121/2013 deja fuera de las hojas oficiales de reclamación a los centros que imparten enseñanza reglada (art. 1.3); en el resto, mirad la norma de consumo de vuestra comunidad. Y en los centros docentes está prohibido fumar (Ley 28/2005, art. 7.d), y también usar cigarrillos electrónicos (disposición adicional duodécima).

Lo que la norma no dice