Una tienda de hasta 750 m² abre con una declaración responsable, pero su horario, sus precios y sus revisiones siguen con norma

Leído en el BOE y en los boletines autonómicos el 19 de octubre de 2026. Horarios, hojas, autoprotección y desfibrilador dependen de la comunidad; los ayuntamientos pueden añadir trámites a la apertura.

La respuesta corta

Abrir una tienda pequeña es más fácil que mantenerla en regla. La apertura va por declaración responsable si el negocio está en el anexo de la Ley 12/2012 y no pasa de 750 m² de sala. El día a día lo marcan cuatro normas que no tocan a una oficina ni a una nave: la de horarios, la de precios, la de reclamaciones de vuestra comunidad y, si vendéis el modelo a otros, la de franquicias. Lo demás son las revisiones de cualquier local con público, con el umbral de un comercio.

Abrir sin licencia: la declaración responsable hasta 750 m²

Para esos negocios no se puede exigir licencia previa de instalaciones, de funcionamiento ni de actividad, ni tampoco para el cambio de titular, que va por comunicación previa (Ley 12/2012, arts. 2 y 3). El anexo es una lista cerrada de epígrafes: incluye el comercio minorista, las reparaciones, las peluquerías, las lavanderías o las agencias de viaje, pero no los bares y restaurantes, los hoteles ni los gimnasios. La declaración permite abrir el mismo día en que se presenta, sin perjuicio de que el ayuntamiento compruebe después (Ley 39/2015, art. 69). Las obras que necesitan proyecto siguen pidiendo licencia (art. 3.4).

Horarios, domingos y zonas turísticas

La Ley 1/2004 de horarios comerciales da libertad a cada comerciante dentro del marco de su comunidad (art. 1). Las comunidades no pueden bajar de 90 horas semanales el horario global de los días laborables (art. 3) y deben permitir abrir al menos 16 domingos o festivos al año, aunque pueden reducirlos hasta 10 (art. 4). Qué domingos concretos son, lo decide cada comunidad con criterios como las rebajas, la campaña de Navidad o los días de más turismo.

Tienen libertad total de días y horas (art. 5) los establecimientos de menos de 300 m² de superficie útil de venta que no pertenezcan a empresas o grupos que no sean pyme, los de pan, pastelería, platos preparados, prensa, carburantes, flores y plantas, las tiendas de conveniencia, los de estaciones y puntos fronterizos, y los situados en una zona de gran afluencia turística. Esa zona la declara la comunidad a propuesta del ayuntamiento; en municipios de más de 100.000 habitantes con más de 600.000 pernoctaciones al año debe haber al menos una, y si la comunidad no la declara en seis meses, se entiende declarado todo el municipio.

Precios a la vista

El Real Decreto 3423/2000 obliga a indicar el precio de venta, con IVA y demás impuestos, en todos los productos ofrecidos al consumidor (art. 3.1), y el precio por unidad de medida (kilo, litro, metro) en los que la llevan, salvo que coincida con el de venta (art. 3.2 y 3.3). Tienen que ser inequívocos, legibles, estar en el mismo campo visual y verse «sin necesidad de que éste tenga que solicitar dicha información» (art. 4.1). No se aplica a los productos que acompañan a un servicio (art. 1.2), y lo inspecciona la comunidad.

Franquicias: el registro se suprimió, la información previa no

El Registro de Franquiciadores dejó de existir con el Real Decreto-ley 20/2018, que reescribió el artículo 62 de la Ley 7/1996 sin mencionarlo y derogó los artículos 5 a 12 del Real Decreto 201/2010, los del registro. Desde el 8 de diciembre de 2018 la norma estatal no obliga a inscribirse.

Lo que sigue en vigor es la información precontractual: al menos 20 días antes de firmar el contrato o precontrato, o de que el futuro franquiciado pague nada, el franquiciador le entrega por escrito sus datos, la acreditación de la marca, el sector, su experiencia, el contenido de la franquicia con una estimación de la inversión, la red en España con las bajas de los dos últimos años y los elementos esenciales del contrato (RD 201/2010, art. 3, que habla de veinte días hábiles). El franquiciador puede pedir confidencialidad sobre esa información (art. 4).

Hojas de reclamaciones y respuesta al cliente

La ley estatal de consumidores no regula el modelo de hoja: pide informar de por dónde se puede reclamar, dar un justificante y contestar «en el plazo máximo de quince días» (RDLeg 1/2007, art. 21.3). Las hojas de reclamaciones oficiales y su cartel son autonómicos. En la Comunidad de Madrid no tenerlas, negarlas o no anunciarlas es infracción (Ley 11/1998, art. 50.14); en Cataluña todos los empresarios deben disponer de hojas de reclamación o denuncia (Ley 22/2010, art. 211-14); en Andalucía, además del libro en papel, la Orden de 24 de abril de 2026 obliga a darse de alta en el sistema electrónico Hoj@, en seis meses las de más de 250 trabajadores o más de 20 establecimientos en Andalucía, entre otras, y en un año las demás, con un plazo de respuesta más corto (Decreto 82/2022).

Accesibilidad: los ajustes razonables

Para los espacios y edificaciones que ya existían en 2010 y los bienes y servicios privados a disposición del público, el plazo máximo para cumplir las condiciones básicas de accesibilidad mediante ajustes razonables venció el 4 de diciembre de 2017 (RDLeg 1/2013, disposición adicional tercera). Un ajuste razonable es el que no impone una carga desproporcionada en el caso concreto (art. 2.m). La Ley 4/2026, publicada el 3 de octubre, entra en vigor el 23 de octubre de 2026 y reescribe esa definición: añade que no hacer un ajuste razonable supone una discriminación por razón de discapacidad. No cambia los plazos.

El local: incendios, electricidad y climatización

En incendios, los extintores se revisan cada tres meses (lo puede hacer vuestro personal) y cada año y cada cinco por una mantenedora; la inspección de diez años del RIPCI no obliga al uso comercial por debajo de 500 m² construidos si no hay zonas de riesgo especial alto ni de almacén (RIPCI). En electricidad, un establecimiento comercial es pública concurrencia cuando su ocupación pasa de 50 personas, a una por cada 0,8 m² útiles; las zonas comunes de los centros comerciales lo son siempre (baja tensión).

El RITE trata el comercio de forma propia (IT 3.8): si climatizáis, la calefacción no puede pasar de 21 °C ni la refrigeración bajar de 26 °C; con más de 1.000 m², un indicador de temperatura y humedad a la vista del público, y los demás, un cartel; y si el local da a la calle, puertas con cierre automático. Con más de 70 kW, la mantenedora comprueba esos límites una vez en verano y otra en invierno (RITE).

Desde el 11 de octubre de 2026 la Directriz Básica de autoprotección no tiene un epígrafe estatal para comercios; el catálogo catalán (Decret 30/2015) incluye los edificios con aforo de más de 1.000 personas (plan de autoprotección). Y está prohibido fumar en los centros comerciales y en las zonas de atención al público (Ley 28/2005, art. 7).

El desfibrilador lo pide la comunidad, no el Real Decreto 365/2009: en Madrid y en Andalucía, los comercios de más de 2.500 m² de exposición y venta; en el País Vasco, los de más de 700 m² construidos, con un registro de mantenimiento preventivo y correctivo; en Cataluña, sólo los edificios de 2.000 o más personas (desfibrilador).

Lo que la norma no dice